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Por: Edgar Rodolfo Bautista Jiménez y Oliva López Arellano

A 17 años de que el gobierno mexicano suscribiera los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las poblaciones indígenas siguen presentando la mayor Razón de Mortalidad Materna del país. Las políticas encargadas de proteger la vida amenazan con volverse acción de muerte, al entrelazar exclusiones de género, etnia y clase, provocando que a las mujeres indígenas se les deje morir durante el embarazo, parto y puerperio, impactando también sobre las parteras indígenas a quienes a través del dispositivo de control de la ciencia hegemónica se les descalifica y relega de la tarea de cuidado a la parturienta y al recién nacido que habían desarrollado históricamente.

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En un nuevo análisis a nivel hospitalario, Laura Attanasio de la Universidad de Massachusetts Amherst y Katy Kozhimannnil de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, informan que los hospitales con mayor proporción de partos asistidos por parteras tuvieron tasas más bajas de episiotomía y cesárea, lo que indica que una mayor presencia de parteras puede conducir a una atención de mayor calidad con costos reducidos.

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Un día 16 de diciembre como hoy,  hace veinte años, una misión nacional e internacional de paz que recorrió el municipio de Chenalhó  y que había sido testigo de la presencia de grupos armados y de las amenazas contra la población en resistencia, se reunió con el entonces gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruíz Ferro para pedirle su urgente intervención para impedir un desastre. Los integrantes de la misión hicieron un llamado urgente para evitar un brote violento, que de haber sido atendido, muy probablemente hubiera evitado la masacre de Acteal. La negligencia criminal de Ruíz Ferro no sólo ha quedado impune, sino que es ahora  emulada por el gobernador Manuel Velasco Coello.

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